Ayer 24 de octubre se celebró el juicio de impugnación del convenio colectivo de Grandes Almacenes, denunciado en su día por CCOO y UGT. Cabe recordar que dicho convenio colectivo, que afecta directamente a las trabajadoras de Leroy Merlin, es el mismo que ha supuesto el aumento de la jornada anual en 28 horas, la extensión del trabajo obligatoria para todas las personas en domingos y festivos, la disminución salarial y la congelación de los complementos salariales nuevamente junto con la absoluta flexibilidad horaria, que supone en la práctica no poder conciliar nuestra vida laboral con la personal.
En la parte demandante nos encontrábamos los sindicatos CCOO y UGT y en la parte demandada, junto a la patronal del sector (ANGED), se encontraban los sindicatos firmantes del convenio colectivo, Fetico y Fasga.
Por nuestra parte hemos denunciado al Tribunal las múltiples irregularidades y cuestiones que entendemos que van en contra de la normativa legal y perjudican claramente los derechos y condiciones laborales de las personas trabajadoras del sector. Entre estas cuestiones destacamos como principales: la obligatoriedad del trabajo de domingos y festivos para el personal que no tenía obligación de ello, la regulación restrictiva del derecho a la reducción de jornada por guarda legal, la discriminación indirecta que introduce el convenio hacia las mujeres por los criterios marcados para el ascenso profesional del grupo base a profesional y la diferencia con los horarios en el sector de cajas por su entrega mensual a diferencia del resto del personal de la tienda.
Por la otra parte, la patronal y los sindicatos firmantes han defendido arduamente las grandes bondades del convenio colectivo, llegando a decir barbaridades como que la obligatoriedad de trabajar los domingos y festivos es “por un reparto solidario del trabajo”, así como que las restricciones a la posibilidad de ejercer el derecho a la reducción de jornada supone “una garantía para el ejercicio de tal derecho”.
El propio Fiscal nos ha dado la razón expresamente en varias de las irregularidades expuestas por nuestra parte, como el hecho de la excesiva ambigüedad del convenio, la discriminación indirecta hacia la mujer y en otras cuestiones que podían ir en contra de la Ley.
Esperamos desde CCOO que la justicia nos pueda devolver a las trabajadoras del sector lo que otros sindicatos firmaron y que, sentados al lado de la patronal, han defendido arduamente abogando por la precariedad que supone este convenio.
Quedamos a la espera de la sentencia.
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